El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) expresó su preocupación por el creciente número de hondureños que han solicitado protección internacional en otros países, una situación que refleja los desafíos sociales, económicos y de seguridad que continúan enfrentando miles de ciudadanos.
De acuerdo con datos del más reciente Informe de Tendencias Globales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), al cierre de 2025 un total de 262,913 hondureños habían solicitado algún tipo de protección internacional fuera del país.
Del total de personas registradas, 94,449 ya obtuvieron el reconocimiento oficial como refugiados, mientras que 168,464 permanecen a la espera de una resolución sobre sus solicitudes de asilo. La mayoría de estos casos se concentran en Estados Unidos, México, España y Costa Rica, naciones que continúan siendo los principales destinos de los hondureños que buscan protección y mejores condiciones de vida.
La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, señaló que las causas de la migración forzada van más allá de la falta de empleo o las dificultades económicas.
“La gente no solamente migra por falta de oportunidades, sino también por situaciones de violencia que ponen en riesgo su integridad y la de sus familias”, manifestó la defensora, al advertir que muchas personas se ven obligadas a abandonar sus comunidades para proteger sus vidas.
Reyes destacó que el desplazamiento forzado representa una grave vulneración de derechos humanos, ya que obliga a las personas a abandonar sus hogares, sus bienes y sus proyectos de vida para buscar seguridad en otros lugares.
La problemática también se refleja dentro del territorio nacional. Según los datos citados por el Conadeh, Honduras ocupa el décimo lugar a nivel mundial en desplazamiento interno, con 423,845 personas que han tenido que abandonar sus hogares sin salir de las fronteras del país.
Ante este panorama, el organismo defensor de los derechos humanos reiteró la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a prevenir la violencia, garantizar la protección de las personas en riesgo y generar condiciones que permitan a los hondureños permanecer de forma segura en sus comunidades.
