La conflictividad social en Honduras suma 437 acciones colectivas en lo que va de 2026, de acuerdo con un monitoreo realizado por el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
La directora del IUDPAS, Marjorie Echenique, explicó que el estudio busca identificar las principales expresiones de la conflictividad social, los sectores que participan, sus demandas y la respuesta brindada por las instituciones del Estado.
El informe señala que, desde enero, se han documentado protestas, tomas de carreteras, manifestaciones y otras acciones ciudadanas relacionadas con diversas problemáticas sociales mediante el monitoreo de medios de comunicación.
Uno de los principales hallazgos revela que una tercera parte de las acciones registradas corresponde al sector educativo, donde estudiantes, docentes y padres de familia han protagonizado movilizaciones para exigir soluciones a diferentes necesidades.
Echenique indicó que otro aspecto preocupante es la limitada respuesta institucional. Según el informe, el 88.6 % de las acciones colectivas no ha recibido una respuesta concreta mediante procesos de diálogo, negociación o atención directa por parte de las autoridades.
Por su parte, la coordinadora del área de Democracia del IUDPAS, Yajaira Padilla, informó que 91 municipios del país registran eventos de conflictividad social durante este año. Añadió que diez municipios concentran el 61.6 % de los casos documentados, entre ellos el Distrito Central, San Pedro Sula y varias localidades de la zona norte.
El estudio también identifica a junio como el mes con mayor número de acciones colectivas, impulsadas principalmente por trabajadores que demandan mejoras en sus condiciones laborales, pago de salarios y el cumplimiento de compromisos asumidos por instituciones públicas.
De acuerdo con los datos, más del 76 % de las protestas se desarrollaron mediante bloqueos de carreteras, tomas de instituciones, mítines y concentraciones, mecanismos utilizados por distintos sectores para ejercer presión sobre las autoridades.
Padilla reconoció que estas acciones generan impactos económicos, pero señaló que responden a la falta de atención o solución efectiva a las demandas ciudadanas. Agregó que el 36.2 % de los reclamos corresponde a trabajadores que exigen mejoras laborales, cumplimiento de pagos y respuestas a procesos de reorganización institucional.
Finalmente, el IUDPAS advirtió que muchas de las demandas son recurrentes debido al incumplimiento de acuerdos previamente alcanzados, por lo que recomendó fortalecer los mecanismos de diálogo y atención institucional para reducir la conflictividad social y fortalecer la confianza de la población en las instituciones públicas.
