El Congreso Nacional aprobó reformas a varios artículos de la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor con el objetivo de fortalecer la atención, ampliar la protección social e incorporar nuevos beneficios para las personas de la tercera y cuarta edad en Honduras.
El dictamen moderniza la legislación vigente al incluir medidas orientadas a la prevención, la atención médica, la inclusión social y laboral, así como al fortalecimiento de la Dirección General del Adulto Mayor (Digam), entidad responsable de coordinar las políticas dirigidas a este sector de la población.
Entre las principales modificaciones se incorpora el enfoque de envejecimiento activo, que promueve una mejor calidad de vida mediante el acceso a servicios de salud, la participación comunitaria, la recreación, la actividad física y el desarrollo cultural de las personas adultas mayores.
La reforma también establece la realización de chequeos médicos preventivos gratuitos cada año, programas para la detección temprana de enfermedades crónicas, atención domiciliaria para personas con movilidad reducida y seguimiento prioritario a las patologías más frecuentes en esta población.
Asimismo, dispone la creación de programas para prevenir el abandono, el maltrato y la exclusión social mediante redes de acompañamiento coordinadas con las municipalidades.
El decreto fortalece la Dirección General del Adulto Mayor al otorgarle independencia administrativa, técnica y financiera, además de actualizar la integración de su junta directiva con la incorporación de la Secretaría de Derechos Humanos y establecer mecanismos de transparencia y auditoría para el uso de los recursos destinados a este sector.
Entre las nuevas disposiciones se crea la Pensión Social No Contributiva, dirigida a personas adultas mayores en condiciones de pobreza o vulnerabilidad que no cuenten con ingresos suficientes ni estén protegidas por un sistema de previsión o seguridad social. El beneficio también podrá otorgarse a quienes presenten una discapacidad o una condición de salud que limite significativamente su autonomía.
La administración de esta pensión estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y su financiamiento deberá incorporarse al Presupuesto General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2027.
Las reformas también promueven la inserción laboral de las personas mayores de 60 años mediante incentivos fiscales para los empleadores que las contraten, programas de capacitación, reconocimiento a empresas inclusivas y la prohibición de la discriminación por edad en el acceso y permanencia en el empleo.
Además, el decreto establece un descuento del 50 % en el pago de la matrícula vehicular anual para un vehículo propiedad del adulto mayor, jubilado o pensionado, siempre que el automotor esté registrado a nombre del beneficiario.
