El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, planteó la necesidad de impulsar un proceso de depuración que abarque a las distintas instituciones vinculadas con la seguridad y la administración de justicia en Honduras.
El llamado surge luego de las recientes reformas aprobadas por el Legislativo en materia de seguridad y del régimen penitenciario, medidas que, según Zambrano, deben estar acompañadas de acciones concretas por parte de los operadores de justicia.
El titular del Congreso Nacional sostuvo que el proceso de depuración no debe concentrarse únicamente en la Policía Nacional, sino extenderse a fiscales, jueces y miembros de otros cuerpos de seguridad.
“Tenemos que trabajar en la depuración, porque cuando hablamos de depuración no es la Policía, estamos hablando de fiscales, estamos hablando de jueces, de elementos de otros cuerpos de seguridad”, manifestó.
Zambrano indicó que las instituciones encargadas de combatir el delito contarán con respaldo mediante asignaciones presupuestarias, recursos y nuevas herramientas legales, pero enfatizó que ese fortalecimiento debe traducirse en resultados concretos.
Asimismo, advirtió que no debe permitirse que funcionarios vinculados con la administración de justicia mantengan relaciones con personas dedicadas a actividades delictivas, ni que desde las instituciones se proteja, avale o respalde a estructuras criminales.
El presidente del Legislativo afirmó que las reformas recientemente aprobadas deben representar un cambio en la estrategia de seguridad del país. No obstante, reconoció que los efectos de estas medidas no serán inmediatos.
En ese sentido, señaló que ya comienzan a observarse resultados y llamó a mantener de manera permanente los operativos y las saturaciones policiales en diferentes sectores del territorio nacional.
Entre las modificaciones aprobadas recientemente por el Congreso Nacional se encuentran reformas al régimen penitenciario que contemplan mayores controles para personas vinculadas, conforme a la legislación, con estructuras declaradas terroristas, además de disposiciones relacionadas con las comunicaciones y la reclusión en módulos de máxima seguridad.
