El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió sobre los niveles de violencia que continúan afectando a las mujeres en Honduras y señaló la necesidad de fortalecer las respuestas institucionales para combatir la impunidad y garantizar el acceso efectivo a la justicia.
El pronunciamiento se realizó durante el décimo aniversario de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios, espacio en el que el Conadeh desarrolló el foro “Diálogo sobre Transparencia e Integridad para Prevenir la Violencia contra las Mujeres en Honduras”.
Durante el encuentro, el delegado adjunto del Conadeh, Ricardo López, destacó la importancia de fortalecer las acciones de prevención y de colocar la violencia contra las mujeres entre las prioridades de las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos.
López señaló que las autoridades deben formular propuestas y adoptar decisiones orientadas a mejorar la protección de las mujeres y evitar que las distintas formas de violencia continúen escalando.
De acuerdo con los datos presentados, más de tres mil mujeres perdieron la vida de manera violenta entre 2016 y 2025. Entre los casos mencionados se encuentran el de Keyla Martínez y las muertes de mujeres privadas de libertad registradas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
El representante del Conadeh aseguró que la institución continuará acompañando a las organizaciones de mujeres en las acciones encaminadas a prevenir vulneraciones a sus derechos.
Por su parte, la gerente de Defensoría del Conadeh, María José Gálvez, explicó que la violencia contra las mujeres no comienza necesariamente con un homicidio, ya que previamente pueden presentarse amenazas, agresiones, denuncias, desplazamientos y otras situaciones que constituyen señales de riesgo.
Gálvez informó que entre 2016 y 2025 el Conadeh recibió 15,858 quejas relacionadas con vulneraciones a los derechos a la vida, integridad personal y acceso a la justicia.
“Uno de los mensajes centrales es la necesidad de fortalecer una respuesta estatal oportuna, articulada y con debida diligencia reforzada”, manifestó.
La representante del Conadeh planteó que las instituciones deben identificar y valorar oportunamente los riesgos, establecer medidas de protección adecuadas, mejorar la coordinación interinstitucional e investigar los casos con perspectiva de género.
Asimismo, señaló la importancia de garantizar el acceso efectivo a la justicia, establecer mecanismos de reparación y adoptar acciones que permitan evitar la repetición de los hechos.
Como ruta de actuación, Gálvez resumió las principales obligaciones institucionales en seis etapas: prevenir, proteger, investigar, judicializar, reparar y garantizar la no repetición.
Más de 3,700 muertes violentas de mujeres
Durante el foro, la coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, presentó cifras correspondientes al período 2016-2025.
Según los datos expuestos, durante esos diez años se registraron 3,733 muertes violentas de mujeres. El grupo de 25 a 29 años concentró la mayor cantidad de casos, con 530 víctimas; seguido por las mujeres de 20 a 24 años, con 444 casos; de 30 a 34 años, con 442; y de 15 a 19 años, con 442.
Ayestas indicó que el 60 % de las víctimas de muertes violentas se encontraba entre los 15 y 39 años, mientras que los homicidios constituyeron la principal causa de muerte externa entre las mujeres, con un promedio aproximado de un caso diario durante el período analizado.
La coordinadora del OV-UNAH también señaló que los accidentes de tránsito representan la segunda causa de muerte externa, con 2,574 casos registrados entre 2016 y 2025.
Asimismo, informó que el Observatorio contabilizó 24,938 requerimientos fiscales relacionados con evaluaciones por delitos sexuales contra mujeres.
Las cifras expuestas durante el foro fueron utilizadas para destacar la dimensión de la violencia contra las mujeres y la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, protección, investigación y acceso a la justicia en Honduras.
