Tomás Zambrano informó que se analizan entre tres y cuatro terrenos para el proyecto, cuya construcción podría comenzar a finales de 2026 y cuya primera etapa tardaría unos diez meses.
Las autoridades de seguridad y la Secretaría de Finanzas se comprometieron este martes ante el Congreso Nacional a identificar los recursos necesarios para construir una nueva cárcel de máxima seguridad en Honduras.
La junta directiva del Poder Legislativo sostuvo una reunión con representantes de la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional, la Agencia Nacional contra el Crimen Organizado, la Secretaría de Finanzas y el Instituto Nacional Penitenciario (INP), con el propósito de coordinar las acciones para desarrollar el proyecto.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, explicó que la moción aprobada por los diputados autoriza la búsqueda de fondos para edificar el centro penitenciario, destinado al confinamiento de integrantes de estructuras criminales consideradas terroristas.
Según Zambrano, el Gobierno instruyó a la Secretaría de Finanzas a identificar los recursos disponibles para ejecutar la obra. Asimismo, detalló que se contemplan entre tres y cuatro terrenos como posibles ubicaciones, los cuales serán evaluados mediante visitas para determinar cuál reúne las mejores condiciones.
El titular del Legislativo estimó que la construcción podría comenzar a finales de este año y que la primera etapa tendría una duración aproximada de diez meses. También pidió a la población respaldar el proyecto, al considerar que contribuirá a combatir la delincuencia en las calles.
Prevén recluir a 1,300 privados de libertad
Zambrano indicó que el centro penitenciario tendría capacidad para albergar a 1,300 personas bajo un régimen de máxima seguridad. De acuerdo con lo expuesto por el diputado, los internos tendrían restricciones severas, entre ellas una hora de exposición al sol por semana, limitaciones de comunicación y media hora para realizar ejercicio.
El objetivo, según explicó, es impedir que los privados de libertad continúen coordinando extorsiones, homicidios y otras actividades delictivas desde los centros penitenciarios.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, reafirmó el compromiso de implementar un nuevo modelo de seguridad dirigido a detener a los responsables de hechos violentos y fortalecer la respuesta del Estado frente a la criminalidad.
INP y Finanzas respaldan el proyecto
El director del Instituto Nacional Penitenciario, Walter Lacayo, señaló que la institución ha recibido respaldo de las bancadas del Congreso Nacional, la Secretaría de Seguridad y la Corte Suprema de Justicia.
Lacayo explicó que se trabaja en la creación de espacios para mantener bajo regímenes de máxima y alta seguridad a los privados de libertad clasificados como integrantes de estructuras terroristas. Añadió que la nueva infraestructura también permitiría mejorar las condiciones de seguridad para los agentes y funcionarios penitenciarios encargados de su custodia.
Entretanto, el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, manifestó que la institución se compromete a cumplir la disposición y trabajar en la identificación de los recursos necesarios para desarrollar las capacidades técnicas y de infraestructura que requiere el proyecto.
Por ahora, las autoridades no han detallado el costo total de la obra ni han anunciado la ubicación definitiva del terreno donde se construirá el nuevo centro penitenciario.
