El hondureño Dereck Isaac McNeal James, asesinado en Roatán, Islas de la Bahía, estaba citado para declarar la próxima semana contra dos personas vinculadas a investigaciones relacionadas con la organización denominada “Delta Teams”.
La información fue confirmada por su representante legal, Lucio Ferrera, quien aseguró que McNeal había solicitado protección en reiteradas ocasiones ante las autoridades, incluso directamente al fiscal general, debido al riesgo que enfrentaba por su participación como testigo en procesos de alto impacto.
Según el abogado, McNeal colaboraba con el Ministerio Público y se había convertido en testigo protegido dentro de una investigación contra los extranjeros Gary Lee Johnston y Harold Green. Además, aportaba información en otros procesos relacionados con la estructura criminal conocida como “Delta Teams”.
Ferrera cuestionó que, pese a las solicitudes de protección, las medidas otorgadas a su representado se limitaran a mantener su identidad en reserva dentro del expediente judicial, sin que se le asignaran agentes policiales para garantizar su seguridad.
“El Estado también debe saber cuándo una persona está en riesgo”, señaló el abogado, al cuestionar la respuesta institucional ante las advertencias realizadas antes del asesinato.
McNeal se desempeñó como secretario del Juzgado de Paz de Letras de Roatán y fue vinculado inicialmente con la organización investigada por delitos relacionados con trata de personas, explotación sexual, venta de drogas y tráfico de armas.
De acuerdo con antecedentes divulgados por el Ministerio Público al anunciar la desarticulación de “Delta Teams”, la estructura habría operado desde 2019 y contaba con la participación de personas vinculadas a instituciones públicas, además de presuntos colaboradores dentro de la Policía Nacional.
La participación de McNeal en las investigaciones posteriormente lo convirtió en un testigo relevante para el Ministerio Público, incluso después de haber sido vinculado inicialmente a la estructura.
Su abogado sostuvo que la falta de medidas efectivas de seguridad evidencia posibles fallas en el sistema de protección de testigos y pidió que las autoridades asuman las responsabilidades correspondientes.
El asesinato también ha generado preocupación entre sectores de la sociedad civil, que demandan una revisión de los mecanismos utilizados para proteger a personas que colaboran con la justicia, especialmente aquellas que participan como testigos en investigaciones contra estructuras criminales.
Una fuente cercana al caso lamentó que, pese a su condición de testigo protegido, McNeal presuntamente no contara con protección estatal y advirtió que otros testigos vinculados a estas investigaciones también podrían encontrarse en situación de riesgo.
