El retorno y la deportación de migrantes hondureños registró un incremento del 26 %, situación que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que demandan al Estado fortalecer los programas de atención y reintegración laboral y social para quienes regresan al país.
Los organismos señalan que el aumento de personas retornadas representa un desafío para las instituciones hondureñas, particularmente en materia de empleo, educación, salud, vivienda y generación de oportunidades económicas.
Las organizaciones advierten que muchos migrantes regresan en condiciones de vulnerabilidad y, en algunos casos, después de varios años de permanecer fuera del país, por lo que requieren acompañamiento para reconstruir sus proyectos de vida y evitar que vuelvan a intentar migrar de manera irregular.
Ante este escenario, los defensores de derechos humanos consideran necesario fortalecer los mecanismos de recepción y atención en los centros de retorno, así como ampliar los programas de capacitación, emprendimiento y vinculación laboral.
También plantean una mayor coordinación entre el Gobierno, municipalidades, empresa privada y organizaciones de la sociedad civil para facilitar la incorporación de los migrantes retornados al mercado laboral.
El incremento de los retornos ocurre además en un contexto de mayores restricciones migratorias en Estados Unidos y de la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de hondureños, lo que podría aumentar la presión sobre las instituciones encargadas de atender a la población retornada.
Los organismos de derechos humanos insistieron en que la respuesta no debe limitarse a la recepción de los migrantes, sino que debe garantizar condiciones que permitan su reintegración efectiva y sostenible a la sociedad hondureña.
