El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Olbin Sarmiento, denunció la detección de casos de intrusismo profesional y pidió a las instituciones del Estado implementar un sistema digital que permita verificar de forma inmediata la identidad y habilitación de quienes ejercen como abogados.
Sarmiento explicó que el gremio ha identificado en los últimos meses a personas que, pese a no haber concluido su carrera o no estar legalmente habilitadas, se presentan como profesionales del derecho.
Como ejemplo, relató que hace aproximadamente mes y medio detectaron a una persona que acudió al Colegio de Abogados para realizar un supuesto trámite de colegiación, pero que posteriormente se constató que era empleada del Poder Ejecutivo y no profesional del derecho.
El titular del CAH señaló que actualmente los tribunales y oficinas administrativas no cuentan con un mecanismo digital que les permita verificar directamente si una persona está inscrita y habilitada para ejercer la abogacía.
Explicó que tradicionalmente se utiliza el carné del Colegio de Abogados o un poder otorgado mediante escritura pública, pero consideró que estos mecanismos deben modernizarse para reducir el riesgo de falsificaciones y del ejercicio ilegal de la profesión.
Ante esta situación, el CAH plantea establecer una conexión digital con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de manera que las instituciones puedan consultar en tiempo real la condición de los profesionales del derecho.
Sarmiento indicó que ya existen acercamientos con los poderes del Estado para impulsar la digitalización del sistema y sostuvo que esta herramienta permitiría proteger tanto a la ciudadanía como al propio Estado frente a posibles daños económicos derivados de actuaciones de personas que ejercen ilegalmente.
El presidente del CAH también afirmó que el gremio está dispuesto a aplicar las sanciones correspondientes cuando se compruebe que un profesional ha actuado al margen de la ley.
Explicó que, una vez exista una resolución judicial, el caso puede ser remitido al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, instancia que puede imponer sanciones complementarias, incluida la suspensión del ejercicio profesional, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
Sin embargo, aclaró que el CAH necesita contar con investigaciones y elementos proporcionados por las autoridades competentes para intervenir en estos casos.
La denuncia surge mientras el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) reportó hallazgos en procedimientos relacionados con embargos contra fondos de la Alcaldía de Choluteca depositados en la Cuenta Única del Estado.
De acuerdo con el TSC, existen indicios de responsabilidad penal en determinados procedimientos de embargo, cuyos fondos fueron trasladados a una cuenta del Juzgado de Trabajo de Francisco Morazán y posteriormente entregados mediante cheques de caja al apoderado legal de las partes afectadas.
El monto involucrado en estas operaciones asciende a 32 millones 545 mil 791.88 lempiras, según el informe comunicado por el organismo fiscalizador.
