El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), a través de su Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC), presentó el informe “Tierra de Nadie: Fosovi, un paraíso de la corrupción amparado en la mala gestión”, en el que expone una serie de presuntas irregularidades administrativas, financieras y legales ocurridas en el Fondo Social para la Vivienda (Fosovi).
Según el CNA, la investigación revela desorden administrativo, ausencia de controles internos, omisiones contables, retenciones de seguridad social presuntamente no enteradas, pagos indebidos, contrataciones sin cumplir requisitos y nombramientos que, a criterio del organismo, habrían afectado la transparencia y rendición de cuentas de la institución.
El informe fue elaborado con base en documentación entregada por la Comisión Técnica Liquidadora del Fosovi, creada por la Secretaría de Finanzas mediante el Decreto Ejecutivo PCM-004-2026, que ordenó el cierre definitivo de la entidad.
Entre los principales hallazgos, el CNA señala que el Fosovi no cuenta con estados financieros desde marzo de 2020. De acuerdo con la investigación, únicamente existen registros hasta diciembre de 2019 y el primer trimestre de 2020, mientras que las conciliaciones bancarias presentan falta de documentación de respaldo.
El organismo anticorrupción detalló que entre 2022 y 2025 las cuentas bancarias del Fosovi registraron ingresos por 52 millones 488 mil 182.75 lempiras y egresos por 51 millones 818 mil 229.52 lempiras. De estos recursos, 16 millones 994 mil 475.44 lempiras no tendrían trazabilidad contable, según el análisis realizado.
El CNA también denunció presuntas irregularidades relacionadas con retenciones a empleados. Según el informe, el Fosovi descontó más de 2 millones 120 mil lempiras en aportaciones al Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), pero no existiría evidencia de que estos fondos hayan sido trasladados a la institución correspondiente.
Además, señala una deuda con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) superior a los 2 millones de lempiras, correspondiente a cotizaciones, multas y recargos acumulados durante varios años.
La investigación también documenta presuntos pagos indebidos en concepto de gastos de representación. El CNA indica que la exsubdirectora Lícida Xiomara Zelaya Lobo recibió pagos que superarían los límites establecidos en las disposiciones presupuestarias, mientras que el exdirector ejecutivo Juan Ramón Cruz Carbajal habría recibido montos superiores a los autorizados legalmente.
Asimismo, el informe señala la existencia de anticipos de salario entregados a la exadministradora Nadina Haydee Quiñónez Zelaya por más de 155 mil lempiras, sin que se encontrara evidencia de reintegro.
Otro de los hallazgos expuestos por el CNA corresponde a la venta duplicada de un lote ubicado en la colonia Kennedy de Tegucigalpa. Según la investigación, el mismo inmueble habría sido vendido en dos ocasiones, en 2018 y 2020, sin documentación que acreditara la cancelación de la primera transacción.
El organismo también cuestionó el nombramiento de Giancarlo Jocsán Alonzo Godoy como director ejecutivo por ley en 2026, al señalar que dicha designación habría correspondido exclusivamente al presidente de la República. El CNA indicó que esta acción podría constituir indicios de usurpación de funciones públicas.
En materia laboral, el informe expone contrataciones de personas que, según la investigación, no cumplían con los requisitos establecidos en el Manual de Puestos y Organización del Fosovi. Entre los casos mencionados se encuentran nombramientos en áreas administrativas, financieras y de recursos humanos sin la experiencia o formación requerida.
El CNA concluyó que los hallazgos documentados podrían constituir indicios de delitos como abuso de autoridad, fraude a la seguridad social, malversación por apropiación, usurpación de funciones y anticipación, prolongación o abandono de funciones públicas.
La organización anticorrupción indicó que la información será puesta a disposición de las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones correspondientes y se determinen las responsabilidades legales.
