El Congreso Nacional aprobó la noche de este lunes, con 78 votos a favor, las reformas al subsector eléctrico, denominadas Ley de Justicia Energética, con las que se busca establecer nuevas reglas para el funcionamiento del mercado y contribuir al rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), manteniendo su carácter público.
La aprobación ocurrió alrededor de las 11:20 de la noche, luego de una extensa discusión en el pleno. El dictamen fue presentado inicialmente por el presidente de la Comisión de Energía, Milton Puerto, quien recordó que la propuesta había sido socializada previamente con diferentes sectores.
Durante la sesión estuvieron presentes el comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Héctor Corrales, y el gerente de la ENEE, Enrique Peña Panting.
Posteriormente, el jefe de la bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, presentó una contrapropuesta elaborada por su bancada con base en consultas realizadas con expertos nacionales e internacionales.
La propuesta liberal contempló 16 puntos y fue sometida a consideración del pleno para sustituir el dictamen original. La moción recibió 78 votos: 49 de diputados del Partido Nacional y 29 de las demás bancadas que respaldaron la iniciativa.
Entre los principales cambios planteados se establece que la ENEE no podrá venderse ni privatizarse y que sus bienes deberán permanecer como patrimonio público. Cálix explicó que cualquier intento de modificar esta condición requeriría el respaldo de 96 diputados, equivalentes a las tres cuartas partes del Congreso Nacional.
La reforma también contempla la creación de tres subsidiarias de la ENEE encargadas de las áreas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. La estatal conservaría la propiedad de las centrales hidroeléctricas y sus activos no podrían ser subastados.
Otro de los puntos incluidos está relacionado con la contratación de energía. La propuesta prohíbe las contrataciones directas y establece que las compras deberán realizarse mediante licitaciones públicas, dando preferencia al mecanismo de subasta inversa.
Cálix cuestionó que la última licitación de energía se realizó hace casi dos décadas y sostuvo que las nuevas reglas buscan generar mayor competencia y transparencia en la adquisición de electricidad.
La contrapropuesta también contempla medidas relacionadas con las deudas por consumo de energía eléctrica. Entre ellas figura la posibilidad de condonar las deudas de las municipalidades clasificadas como tipo C y D, mientras que las municipalidades A y B deberán buscar mecanismos de conciliación.
Asimismo, se plantea la condonación de deudas de familias de bajos recursos que hayan registrado consumos inferiores a 200 kilovatios, principalmente aquellas ubicadas en zonas vulnerables.
Durante el debate, la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) manifestó su rechazo a las reformas. La diputada Luz Angélica Smith cuestionó que se sustituyera el dictamen discutido previamente por una nueva propuesta y sostuvo que esto afectaba la técnica parlamentaria.
Smith afirmó que la ENEE necesita transformaciones, pero advirtió sobre el riesgo de abrir espacios a intereses privados y perder la capacidad del Estado para garantizar un servicio accesible a la población.
Mientras se desarrollaba la discusión, el diputado de Libre Fabricio Sandoval protagonizó protestas dentro del hemiciclo con gritos, pitos y consignas en contra del decreto.
En respuesta, Cálix defendió la propuesta aprobada y aseguró que la nueva legislación garantiza la propiedad pública de la ENEE y de sus bienes. También cuestionó a diputados de Libre por la aprobación, durante la administración anterior, de un contrato de generación de 300 megavatios mediante diésel.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció como sanción contra Sandoval la suspensión de 15 días de salario por entorpecer el desarrollo de la sesión. El diputado opositor respondió solicitando que se le retire el sueldo por lo que resta del año.
Con la aprobación de las reformas, el Congreso Nacional establece un nuevo marco para el subsector eléctrico, mientras persisten los desafíos financieros y operativos de la ENEE y las diferencias políticas sobre el futuro de la estatal y la participación del sector privado en el mercado energético.
