El Congreso Nacional de Honduras inició este lunes el primer debate de la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiarios Finales, una iniciativa orientada a identificar a las personas físicas que controlan o se benefician de sociedades mercantiles y otras estructuras jurídicas.
La propuesta forma parte de los esfuerzos para fortalecer la lucha contra el lavado de activos, la corrupción y otros delitos financieros, al establecer un registro que permita transparentar la propiedad real de las empresas y fideicomisos.
Durante la sesión legislativa, el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, explicó que la aprobación de esta normativa busca alinear al país con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional, lo que permitiría mejorar la evaluación del sistema financiero hondureño.
El funcionario advirtió que el incumplimiento de estas medidas podría derivar en la inclusión del país en la llamada “lista gris”, lo que implicaría un mayor nivel de supervisión internacional por debilidades en la prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otros delitos conexos.
El proyecto establece la creación de un registro de beneficiarios finales de sociedades mercantiles y fideicomisos, el cual sería administrado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, conforme a lo establecido en los 35 artículos que componen la iniciativa.
