En una decisión unánime, el Congreso Nacional aprobó una reforma al Código Penal que endurece las penas por el delito de femicidio, incorpora nuevas circunstancias agravantes y ordena la creación de tribunales especializados para conocer los casos de violencia contra la mujer en Honduras.
Con la nueva normativa, el femicidio seguirá siendo castigado con penas de entre 25 y 30 años de prisión. Sin embargo, cuando existan agravantes, las condenas podrán aumentar hasta los 40 años y, en determinados contextos, el cumplimiento efectivo de las penas acumuladas podría alcanzar los 60 años de cárcel.
Entre las nuevas circunstancias agravantes se incluye que el crimen haya sido precedido por delitos sexuales, actos de tortura, privación de libertad o el intento de ocultar una agresión sexual. Asimismo, la reforma contempla sanciones más severas cuando el responsable sea un agente del Estado que utilice su cargo, autoridad, uniforme o arma de reglamento para cometer el delito.
La legislación también amplía la definición de violencia de género, permitiendo a los tribunales valorar elementos como antecedentes de control sobre la víctima, violencia psicológica o simbólica, conductas de posesión, así como el aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad económica, física o social. Incluso podrán considerarse antecedentes de violencia, aunque estos no hayan sido denunciados.
Además, la reforma reconoce condiciones especiales de vulnerabilidad en mujeres con discapacidad, dependencia económica, edad avanzada o minoría de edad, así como en integrantes de pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otras circunstancias que incrementen su situación de riesgo.
Uno de los cambios más relevantes es la instrucción a la Corte Suprema de Justicia para crear órganos jurisdiccionales especializados con competencia nacional en casos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. La institución contará con un plazo máximo de 90 días hábiles para emitir la normativa que regule el funcionamiento de estos tribunales y designar al personal encargado de su operación.
Durante la discusión, diputadas de distintas bancadas respaldaron la iniciativa y coincidieron en la necesidad de fortalecer las herramientas legales para enfrentar la violencia de género. La vicepresidenta del Congreso, Lissi Matute Cano, calificó los femicidios como un grave problema que afecta a la sociedad hondureña y afirmó que es responsabilidad del Poder Legislativo impulsar medidas que contribuyan a su prevención.
Por su parte, la diputada liberal Alejandra Vallecillo recordó que, según datos del Observatorio de la Violencia, una mujer es asesinada cada 32 horas en Honduras, una realidad que deja familias destruidas y niños en condición de orfandad. En tanto, la diputada Doris Mendoza, del partido Libre, reiteró el respaldo de su bancada a la reforma y llamó a continuar fortaleciendo las acciones para proteger la vida de las mujeres.
La aprobación unánime de esta reforma refleja el consenso alcanzado entre las diferentes fuerzas políticas para endurecer las sanciones contra quienes cometan femicidio y reforzar la respuesta del sistema de justicia frente a la violencia de género en el país.
