Mientras el poder ejecutivo ha entrado en una polémica con el poder legislativo por la entrada en vigencia del nuevo código penal, el principal protagonista, el responsable de aplicar el mismo que es el poder judicial no se ha pronunciado en absoluto sobre lo que debe prevalecer, la polémica ha llegado al extremo que la casa de Gobierno ya le pidió formalmente al Congreso que derogue la nueva normativa penal, petición que de antemano no es viable según los parlamentarios.
Llama la atención que la sala de lo constitucional halla admitido un recurso de inconstitucionalidad en contra del nuevo código penal cuando el Poder Judicial emitió una opinión favorable respecto a la nueva normativa.
Especialistas en derecho penal y constitucional son del criterio que la Presidencial no puede abrogarse el derecho de calificar que un operador de justicia esta limitado en sus funciones, esto es una potestad exclusiva del Poder Judicial,el razonamiento surge de dicho señalamiento que se planteo por parte del ejecutivo, lo que representa mas bien una violacion a la independencia externa de la Corte.
sobre lo serio que representa la entrada en vigencia del nuevo código penal trasciende que existen opiniones divididas entre los jueces de ejecución, unos son del criterio que aplicaran la retroactividad de esta nueva normativa para favorecer a los reos, mientras otro grupo considera que esa potestad es exclusiva de la sala constitucional por ser juicios fenecidos o cosa juzgada y que esa responsabilidad le corresponde a ellos (sala constitucional).
