La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó a los jueces del país remitir de forma directa a la Tesorería General de la República (TGR) y a las instituciones estatales correspondientes las sentencias firmes relacionadas con embargos y obligaciones económicas contra el sector público.
La disposición surge tras detectarse incumplimientos en el procedimiento especial establecido en las normas presupuestarias, particularmente en lo referente a la remisión obligatoria de resoluciones judiciales a la TGR.
En ese sentido, la CSJ instruyó que, en todos los casos de sentencias firmes emitidas contra entidades públicas, los órganos jurisdiccionales deberán enviar de oficio copia certificada de las resoluciones tanto a la Tesorería como a la institución demandada, con el fin de asegurar que los pagos se realicen conforme a la disponibilidad presupuestaria.
Asimismo, el Poder Judicial estableció la obligación de garantizar la integración completa, ordenada y cronológica de los expedientes judiciales. Estos deberán incluir resoluciones, sentencias, autos de ejecución, autos de embargo, liquidaciones y todas las comunicaciones emitidas a las instancias correspondientes.
La medida también recalca que los instrumentos de auxilio judicial no podrán constituir el único respaldo documental de las actuaciones, por lo que se refuerza la necesidad de contar con expedientes debidamente documentados.
Con esta instrucción, la CSJ busca mejorar la coordinación institucional, fortalecer el control en la ejecución de sentencias contra el Estado y garantizar mayor transparencia en los procesos judiciales que implican obligaciones económicas públicas.
