Por Ruth Lafosse
Desde una perspectiva de derecho constitucional y procesal, es fundamental analizar, si la permanencia de una ministra en ambos roles (como ministra y candidata) infringe principios esenciales de transparencia y equidad electoral, establecidos en la Constitucion, es más si inringe el nuclio esencial de su sostenimiento.
En muchos países, los altos funcionarios que se postulan para cargos públicos deben renunciar a sus puestos con el fin de evitar ventajas indebidas derivadas del uso de los recursos estatales o la manipulación del aparato gubernamental para fines partidarios.
El principio de igualdad en el proceso electoral y la prohibición del uso indebido de recursos del Estado están consagrados en muchas constituciones y tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hacerlo de manera diferente sin dua se violenta el derecho a la participación política de toda la ciudadania en condiciones de igualdad y de la libre competencia electoral.
Lo anterior, puesto que, el Articulo 60 de la Constitucion señala la igualdad ante la ley sin excepciones de ningun tipo, esto por supesto cae tambien en materia electoral, en otras palabras, todos deben competir en igualdad de condiciones, los que nos lleva sin lugar a dudas a que cualquier contendiente en el proceso electoral que lleve ventajas como el caso de ser Ministro de Seguridad y a la vez candidato a presidente, es obvio que las ventajas son multiples:
Uso de recursos del Estado : El acceso directo a recursos estatales (vehículos, personales, infraestructura) que pueden ser utilizados de manera encubierta para promover su campaña electoral.
Control de medios de comunicación : Los funcionarios en altos cargos pueden tener acceso preferencial a medios públicos y privados, promoviendo su imagen de manera desproporcionada.
Influencia en la toma de decisiones claves : El poder para influir en decisiones importantes que afectan el proceso electoral, desde la logística de las votaciones hasta el despliegue de la seguridad en los centros de votación.
Acceso a información privilegiada : El candidato que sigue en un puesto de gobierno podría tener acceso a información estratégica, lo que le permite diseñar una campaña mucho más efectiva en comparación con otros contendientes.
Coacción o presión sobre funcionarios públicos : Los subordinados en el cargo podrían sentir presión para apoyar su campaña, lo que crea un ambiente de coacción sobre aquellos que deben mantenerse imparciales.
Uso de su posición para ganar visibilidad : La exposición mediática y las apariciones públicas derivadas de su cargo pueden ser utilizadas para obtener una ventaja significativa sobre otros candidatos.
Todas estas ventajas injustas e ilegales no solo benefician al candidato en cuestión, sino que afectan directamente la equidad del proceso electoral, comprometiendo el derecho de los ciudadanos a participar libremente en la vida política del país. Aquí es donde el Artículo 45 de la Constitución se ve comprometido, ya que este prohíbe cualquier acto que limite la participación ciudadana en espacios politcos. En un escenario en el que una figura con poder gubernamental controla aspectos fundamentales del proceso, se limita la verdadera capacidad de los ciudadanos para decidir.
Todas estas ventajas injustas e ilegales no solo benefician al candidato en cuestión, sino que afectan gravemente la equidad del proceso electoral , comprometiendo el derecho de los ciudadanos a participar libremente en la vida política. El Artículo 60 garantiza la igualdad ante la ley, pero cuando un candidato controla recursos y tiene acceso a ventajas desleales, esa igualdad se rompe.
Además, el Artículo 45 de la Constitución, que declara punible cualquier acto que limite la participación ciudadana, es claramente violado en este escenario. Los ciudadanos, aunque puedan votar, no tienen la capacidad real de decidir libremente cuando el proceso favorece desproporcionadamente a un solo candidato.
Finalmente, el Artículo 2 , que establece que la soberanía reside en el pueblo, se ve gravemente comprometida. La imposición de un candidato prácticamente única, con control absoluto sobre aspectos clave del proceso electoral, suplanta la verdadera soberanía popular . Bajo estas circunstancias, el pueblo pierde su poder de decisión , dejando a la democracia en un peligroso estado de vulnerabilidad, frente al intento descarado quitandonos el derecho que no se limita nada más al voto sino al derecho de elegir.
El voto ciudadano no es un privilegio a ser manipulado, sino un derecho inalienable que debe ser protegido con todo el rigor de la ley, porque sin duda violenta el derecho al sufragio, y destruye el derecho soberano del pueblo de elgir libremente.
Las democracias no sobreviven cuando el poder se concentra en manos de unos pocos, sino cuando se respetan las normas que aseguran la igualdad de todos ante las urnas.
Aquellos que buscan mantener posiciones de poder a través de su influencia en el aparato de seguridad del Estado mientras son candidatos, traicionan el espíritu democrático y amenazan con debilitar la confianza del pueblo en las instituciones.
El conflicto de intereses es evidente.
¿Cómo podemos garantizar un proceso imparcial cuando quien debería velar por la seguridad pública también está compitiendo por el poder? Esta doble función, de ministra y candidata, amenaza con desdibujar la línea entre el servicio público y el interés personal.
La historia nos ha enseñado que cuando el poder se concentra en pocas manos, la libertad corre el riesgo de desvanecerse.
El Consejo Nacional Electoral es un pilar de la democracia. Su función es garantizar que los procesos electorales sean limpios, justos y transparentes. Cuando intentamos corromper ese pilar, permitiendo que quienes tienen fuertes lazos con el poder ejecutivo tomen el control de la entidad encargada de vigilar las elecciones, estamos socavando los derechos del pueblo a elegir a sus líderes en condiciones de igualdad.
Permitir que un subordinado del actual gobierno intente dirigir el Consejo Nacional Electoral es una afrenta a los principios de imparcialidad y autonomía que debemos proteger con toda nuestra fuerza. .
Hoy, como guardianes de nuestra libertad, debemos demandar transparencia, equidad y, sobre todo, respeto de decidir a travez del voto nuestro propio destino. En este sentido, es imprescindible que aquellos que aspiran a cargos de elección popular renuncien a sus funciones gubernamentales, garantizando que el proceso electoral sea limpio, justo y representativo de la verdadera voluntad popular.
La democracia no se defiende sola, requiere de nuestra vigilancia constante y de nuestro compromiso inquebrantable. Como ciudadanos, debemos alzar la voz cuando vemos que se ponen en peligro los valores fundamentales de nuestra patria. El amor por Honduras nos obliga a actuar, a no ser indiferentes ante el abuso de poder. Porque la patria que amamos merece ser gobernada por quienes respetan las reglas del juego democrático.
Es fundamental que los ciudadanos entiendan lo que está en juego. La libertad no se pierde de un día para otro, se va erosionando cuando permitimos que el poder se concentre en manos de quienes ya ocupan posiciones de influencia. Y es exactamente eso lo que está ocurriendo ahora: se está utilizando el aparato del Estado para que los mismos que deberían garantizar la seguridad y la transparencia del proceso electoral se conviertan en árbitros y jugadores a la vez.
Nuestra patria no puede ser testigo pasivo de este atropello. Honduras es más grande que cualquier partido o cualquier interés personal. Tenemos que alzar la voz y exigir que se respeten las reglas del juego democrático, que se garantice la transparencia en el proceso electoral, y que quienes ocupan posiciones de poder en el gobierno se aparten de cualquier cargo que interfiera con el desarrollo justo de las elecciones.
La patria lo exige. La democracia lo necesita. Y nosotros, como ciudadanos, lo debemos demandar.
