El exjuez Marco Antonio Vallecillo continúa a la espera de que el Poder Judicial determine su situación laboral, luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendiera en junio de 2026 el proceso penal que se seguía en su contra por el presunto delito de extorsión.
La resolución fue emitida tras un recurso de amparo presentado por la defensa, que alegó vulneraciones al debido proceso. La Sala de lo Constitucional otorgó el amparo por unanimidad y ordenó suspender el proceso judicial.
La defensa de Vallecillo, encabezada por el abogado Marlon Arévalo, ha presentado varios escritos ante las autoridades judiciales para solicitar que se concrete su reincorporación al cargo y se reconozca el pago de los salarios que dejó de percibir durante el tiempo que permaneció separado de sus funciones.
Defensa advierte posibles acciones legales
Arévalo aseguró que la defensa ha conocido versiones sobre un posible despido de Vallecillo y advirtió que, de concretarse esa decisión, podrían emprender nuevas acciones legales contra el Estado de Honduras, incluso ante organismos internacionales.
El abogado pidió a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia resolver la situación laboral del exjuez y evitar que se generen nuevos conflictos jurídicos derivados del caso.
La defensa sostiene que el fallo constitucional debe ser tomado en cuenta para determinar las actuaciones posteriores y garantizar los derechos de Vallecillo.
¿Por qué fue procesado Vallecillo?
El Ministerio Público acusó al exjuez, junto con Nelson Omar Sierra y el abogado Reinaldo Leiva, de supuestamente formar parte de una estructura dedicada a extorsionar a un testigo protegido.
Según la acusación fiscal, los imputados habrían amenazado al testigo con la presentación de un requerimiento fiscal y le habrían ofrecido excluirlo del proceso judicial a cambio del pago de tres millones de lempiras.
No obstante, el proceso penal contra Vallecillo quedó suspendido después de que la Sala de lo Constitucional determinara que se vulneró su derecho al debido proceso.
La resolución también estableció que habría sido omitido el trámite de antejuicio previsto para jueces y magistrados frente a procesos penales relacionados con actuaciones vinculadas al ejercicio de sus funciones.
Mientras continúa la espera de una resolución sobre su situación laboral, la defensa mantiene su exigencia de reincorporación y del pago de los salarios que reclama como dejados de percibir durante el proceso.
