El expresidente Álvaro Uribe aseguró que ya se oficializó su detención, tras recibir una sentencia condenatoria a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. En el fallo, la jueza Sandra Liliana Heredia ordenó la medida privativa de la libertad de forma inmediata.
A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el exmandatario aseguró que en la tarde de este miércoles 6 de agosto “compareció” ante el juzgado de Rionegro, jurisdicción de su finca, donde pagará la pena. “Me habían citado para el próximo lunes (11 de agosto) para formalizar mi encarcelamiento domiciliario, que estoy cumpliendo desde el pasado viernes”, sostuvo.
“Con la identificación de preso, continuaré y aumentaré la lucha para que Colombia en el 2026 derrote a la naciente mordaza neocomunista, porque si se consolida, acabará con la nación”, añadió.
Desde el pasado viernes 1 de agosto, cuando se surtió la lectura de la sentencia en el Juzgado 44 de Conocimiento de Bogotá, se ordenó su detención domiciliaria. La jueza Sandra Liliana Heredia argumentó que la medida —que, según la jurisprudencia de las altas cortes, debe dictarse una vez se surta la segunda instancia— respondía a la “preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos”.
“Esta medida no solo tiene un efecto disuasivo e intimidatorio que previene la comisión de delitos respecto al implicado y los nacionales, sino que también evita la percepción negativa de la sociedad de que las personas pueden continuar gozando de su libertad pese a una condena, cuando no se cumplen los requisitos para ello y la presunción de inocencia ya ha sido desestimada en primera instancia”, se lee en la sentencia de 1.114 páginas.
La decisión también se basó en su “reconocimiento público y social”, por el que, según la jueza, «le resulta fácil abandonar el país, para eludir la sanción impuesta».
La tutela contra la decisión
La orden de detención inmediata fue rebatida por la defensa a través de una tutela que radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá, la instancia que revisará el caso del exmandatario en la segunda instancia.
En el documento de 90 páginas se alega una supuesta vulneración de las garantías procesales, ya que la detención inmediata «se desarrolló bajo graves vicios de motivación y en claro desconocimiento de su presunción de inocencia, tornando su detención en arbitraria y contraria a la dignidad humana».
Además, que «se deriva de claros vicios de motivación y presupone privar de la libertad a un ciudadano bajo premisas inconstitucionales que implican desconocer su presunción de inocencia y tratarlo como culpable».
La demanda contenía la solicitud de una medida cautelar para suspender la decisión mientras se resolvía de fondo, pero esta fue rechazada. La magistratura argumentó que el requerimiento no cumple “los estándares de urgencia, necesidad e impostergabilidad, requisitos sine qua non para que, en estos casos, el juez constitucional intervenga desde el inicio del trámite de la tutela, en la forma antes pretendida”.
