De concretarse la llegada al país de la CICIH todos aquellos que han sido funcionarios deberán someterse a un proceso de investigación, como manejaron recursos públicos, que tipo de decisiones tomaron en perjuicio de la administración del estado entre otras cosas.
No se puede negar que actuales fucionarios ya estuvieron en el poder político, salieron de dicho periodo por un golpe de estado pero se denuncio en su momento actos de corrupción sobre todo en el manejo de recursos destinados para realizar una consulta popular conocida como la «Cuarta Urna».
La comprobación que si hubo delito fue la aprobación de un pacto de impunidad, un decreto que libero de responsabilidades penales y de la carcel a funcionarios del gobierno del ex Presidente Manuel Zelaya, estos mismos son los que hoy gestionan con la ONU la llegada de la CICIH.
