En un hecho preocupante, el 16 de julio, Ana Paola Hall, consejera legalmente designada del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras y representante del Partido Liberal, renunció a su cargo. Este hecho genera serias dudas sobre la resiliencia e imparcialidad de la autoridad electoral del país de cara a las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025.
Ana Paola Hall ha enfrentado una presión considerable desde que asumió el cargo, en particular en torno a la rotación anual de la presidencia del CNE. Confirmó públicamente que sufrió intensa presión política y ataques personales, incluyendo campañas dirigidas contra ella y su familia. En múltiples ocasiones, denunció formalmente amenazas e intimidación relacionadas con sus funciones oficiales, que la fiscalía calificó como de una gravedad sin precedentes.
Es probable que la renuncia de Hall erosione la confianza pública en el CNE, ya que los votantes cuestionarán la independencia de los responsables de salvaguardar el proceso electoral. Esto exacerba las preocupaciones más amplias sobre amenazas, coerción institucional y el riesgo de manipulación electoral en el período previo a las próximas elecciones nacionales de noviembre.
Los miembros restantes del CNE deben reafirmar públicamente su compromiso con la imparcialidad y el deber constitucional, libres de presiones externas. La Fiscalía General de la República debe investigar las denuncias de intimidación política y personal que enfrentó Hall y exigir responsabilidades a los responsables.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) insta a las misiones internacionales que probablemente observarán las elecciones de noviembre —la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y las Naciones Unidas— a supervisar los procesos internos del CNE, garantizando la transparencia y protegiendo contra influencias indebidas.
A menos de cinco meses de las elecciones, Honduras se encuentra en una encrucijada democrática crucial. La combinación de una infraestructura electoral inestable, instituciones políticamente comprometidas, la creciente violencia preelectoral y una fuerte represión de seguridad amenaza con socavar tanto la confianza de los votantes como la legitimidad democrática. Es esencial contar con salvaguardias sólidas y visibles para garantizar que las elecciones de noviembre representen una elección creíble y pacífica para el pueblo hondureño.
