El ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard, manifestó sus reservas sobre la posibilidad de implementar nuevamente un estado de excepción en Honduras y señaló que la medida deberá ser discutida por las autoridades correspondientes.
El funcionario, quien también es abogado, explicó que este mecanismo implica la suspensión de determinadas garantías constitucionales, por lo que considera necesario analizar cuidadosamente sus alcances y la forma en que se aplicaría.
“Yo soy abogado, yo tengo mis reservas con los estados de excepción, pero se va a discutir. El estado de excepción es suspender las garantías constitucionales, entonces el margen para respetarlas, pues entonces se crea un vacío”, manifestó Rodríguez Burchard.
El titular de Defensa también se refirió al período anterior, cuando el país permaneció durante casi cuatro años bajo un estado de excepción. A su criterio, los resultados obtenidos durante ese tiempo fueron limitados frente a las expectativas generadas por la aplicación de la medida.
Rodríguez Burchard señaló que, ante los desafíos actuales en materia de seguridad, es partidario de analizar acciones focalizadas que permitan dirigir las operaciones directamente contra las estructuras y personas vinculadas con actividades delictivas, procurando no afectar a la población que no está involucrada en hechos criminales.
La posibilidad de retomar el estado de excepción fue planteada esta semana por el presidente Nasry Asfura, quien confirmó que su Gobierno analiza la aplicación de la medida en determinadas zonas del territorio nacional.
Asfura explicó que el análisis busca identificar los municipios o departamentos donde la situación de criminalidad haga necesaria una intervención específica, aunque aclaró que todavía no existe una decisión definitiva.
“Lo estamos analizando en qué lugares sea obligatorio para poder tener un control y realmente una revisión clara de qué está pasando en algún municipio o en algún departamento”, expresó el mandatario.
La eventual implementación de un nuevo estado de excepción deberá ser discutida por las autoridades de seguridad y definida conforme al marco constitucional y legal vigente.
