El Ministerio Público (MP) reafirmó su compromiso con el debido proceso en la investigación que involucra al expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y a otros 11 exintegrantes de la extinta Comisión Permanente, señalados por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, usurpación de funciones públicas y traición a la patria.
De acuerdo con la Fiscalía, la investigación busca determinar si los exintegrantes de la Comisión Permanente asumieron facultades que correspondían exclusivamente al pleno del Congreso Nacional, así como establecer las posibles responsabilidades individuales derivadas de sus actuaciones.
El MP informó que actualmente atiende una solicitud de la autoridad judicial relacionada con la precisión del objeto y alcance de una pericia de carácter técnico dentro de las diligencias previas.
La pericia será de naturaleza cibernética y tendrá como finalidad establecer, mediante un análisis técnico y científico, la identidad de las personas que participaron en determinadas sesiones legislativas vinculadas al caso. Para ello, la Fiscalía utilizará registros oficiales remitidos por el Congreso Nacional.
La investigación es dirigida por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP). En junio, el Ministerio Público presentó diligencias prejudiciales ante la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de incorporar elementos de prueba mediante peritajes, extracción de documentos y otros procedimientos bajo cadena de custodia.
El expediente incluye a Luis Redondo y otros exmiembros de la Comisión Permanente, quienes son investigados por las actuaciones realizadas durante el anterior periodo legislativo.
La Fiscalía ha insistido en que las investigaciones se encuentran en una etapa de recopilación y análisis de elementos, por lo que todavía no existe una determinación judicial sobre la responsabilidad penal de los señalados.
En ese contexto, el Ministerio Público reiteró que ninguna persona está exenta del cumplimiento de la ley y que continuará ejerciendo la persecución penal con firmeza e imparcialidad cuando existan indicios de posibles abusos de poder cometidos desde cargos públicos.
El caso mantiene especial relevancia debido a la controversia generada durante el funcionamiento de la Comisión Permanente y al debate sobre los límites de sus atribuciones frente a las facultades constitucionales del pleno legislativo.
