La Policía Nacional informó que las 20 cámaras de videovigilancia desinstaladas en la colonia Armando Calidonio, en Tegucigalpa, formaban parte de un sistema de monitoreo con características asociadas a estructuras del crimen organizado.
Durante las investigaciones, agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) verificaron ante las autoridades municipales si existía una organización comunitaria legalmente constituida que respaldara la instalación del sistema. Sin embargo, confirmaron que en el sector no existe un patronato debidamente registrado.
Según el jefe de Operaciones de la DAET, comisario Cristian Nolasco, el análisis técnico determinó que la ubicación de las cámaras no correspondía a un esquema de vigilancia vecinal, sino a un corredor estratégico que permitía controlar los principales accesos y salidas de la colonia.
Las autoridades señalaron que este tipo de infraestructura ha sido detectada anteriormente en sectores donde operan grupos dedicados a la extorsión, el sicariato y otros delitos vinculados al crimen organizado.
De acuerdo con las investigaciones, estos sistemas son utilizados para obtener información en tiempo real sobre el desplazamiento de patrullas policiales, equipos de investigación y posibles objetivos, lo que facilita la evasión de operativos, la coordinación de actividades ilícitas y el control territorial de las estructuras criminales.
La Policía también indicó que ha documentado casos en los que organizaciones delictivas intimidan a residentes para hacer creer que las cámaras pertenecen a iniciativas de vigilancia comunitaria, con el propósito de dificultar las investigaciones y ocultar la verdadera procedencia de los equipos.
Nolasco explicó que antes de ejecutar este tipo de operativos se realizan diligencias técnicas, administrativas y de inteligencia para determinar el origen, la finalidad y la legalidad de los dispositivos instalados en espacios públicos.
Asimismo, la institución reiteró que respalda los proyectos de vigilancia comunitaria desarrollados conforme a la ley, siempre que cumplan con los permisos correspondientes y respeten la normativa vigente sobre el uso de infraestructura pública.
La Policía Nacional recordó que los sistemas de videovigilancia deben utilizarse exclusivamente para fortalecer la seguridad ciudadana y no para favorecer actividades delictivas, por lo que continuará retirando equipos instalados de manera irregular.
Como antecedente, la institución informó que durante 2025 desmanteló más de 40 sistemas irregulares de videovigilancia en distintas zonas del país, principalmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Las investigaciones establecieron que varios de esos equipos eran operados por integrantes de la pandilla 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13), quienes utilizaban tecnología con paneles solares, conexiones independientes de internet y monitoreo remoto mediante dispositivos móviles.
