Honduras
Resumen
El lavado de dinero en Honduras proviene de las organizaciones criminales transnacionales (OCT) y la corrupción. Honduras no es un centro financiero extraterritorial, sino que se encuentra en medio de las rutas de las OCT.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) es responsable de supervisar el sistema financiero hondureño. La CNBS implementa la “Estrategia Nacional contra el Lavado de Dinero/Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT)” de 2019.
La ley de 2015 sobre negocios y profesiones no financieras designadas (APNFD) no se ha implementado plenamente. La supervisión para prevenir el lavado de dinero es limitada o inexistente en todos los sectores. La falta de capacidad y herramientas para investigar delitos financieros complejos contribuye a un clima favorable para el lavado de dinero. En 2023, el Congreso derogó muchas de las reformas de 2021 al código penal y a la ley ALD, que habían presentado mejoras, pero también obstáculos procesales. Vulnerabilidades y Metodologías de Lavado de Dinero
El lavado de dinero en Honduras se deriva de la actividad delictiva transnacional. Delincuentes y actores corruptos transfieren ganancias ilícitas a través del sistema financiero y las APNFD. Los actores delictivos también explotan los recursos naturales del país, traficándolos internacionalmente y contribuyendo a la corrupción interna y otras actividades delictivas.
La corrupción y los vínculos con las OCT en los sectores privado y público siguen siendo generalizados. Un número significativo de funcionarios gubernamentales de diferentes administraciones han sido acusados o condenados por lavado de dinero. Bajo la ley de amnistía de 2022, personas bajo investigación o procesamiento, o incluso condenadas, se han beneficiado en casos relacionados con la corrupción.
El Acuerdo de Control Fronterizo de las Cuatro Fronteras de Centroamérica entre El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua permite la libre circulación de ciudadanos, lo que puede facilitar el tráfico transfronterizo de personas, el contrabando y el tráfico de dinero en efectivo.
2023 INCSR: Volumen 2 | Países y Jurisdicciones Página 154 de 290
Leyes y Regulaciones Clave contra el Lavado de Dinero (ALD)
Honduras cuenta con suficientes regulaciones de debida diligencia del cliente y reporte de transacciones sospechosas. Se requieren otras regulaciones y reformas legales para implementar plenamente la ley ALD de 2015, especialmente en lo que respecta a las APNFD.
No existe un tratado de asistencia legal mutua entre Honduras y Estados Unidos.
Sin embargo, Honduras ha participado en el intercambio de registros e información bajo convenios multilaterales con disposiciones aplicables. Honduras puede cooperar con los estados en la recuperación y compartición de activos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es miembro del Grupo Egmont de UIF. Honduras es miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFILAT) de América Latina, un organismo regional similar al GAFI. Consulte el informe de evaluación mutua más reciente de Honduras para obtener más información. Deficiencias legales, políticas y regulatorias en materia de ALD
La estrategia nacional de ALD/CFT de 2019 necesita una actualización, en particular para abordar las nuevas tipologías y tendencias en materia de lavado de dinero.
Debido al intercambio inadecuado de información entre el Ministerio Público (MP) y la UIF, el sistema financiero recurrió a la reducción de riesgos como política predeterminada. La reforma de 2021 a las leyes de ALD introdujo varios cambios perjudiciales en el régimen de ALD. Esto incluye limitar las órdenes judiciales de información financiera a los procedimientos de lavado de dinero, terrorismo y decomiso de bienes civiles, eliminando así la posibilidad de acceder a registros financieros en otros procedimientos penales relacionados con delitos determinantes de lavado de dinero. En 2023, Honduras derogó en gran medida las reformas de 2021, restableciendo los delitos relacionados con la corrupción como delitos determinantes y permitiendo a los fiscales solicitar información financiera sin necesidad de una citación. Además, se restableció la regla del «enriquecimiento injustificado», lo que brinda a los fiscales un estatuto flexible para los procesos de lavado de dinero. Se requieren reformas adicionales para establecer criterios probatorios que determinen el «enriquecimiento injustificado» como delito determinante.
El gobierno inició el proceso para establecer la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) en 2022. Las negociaciones del gobierno con las Naciones Unidas continúan. La ley de amnistía aprobada en 2022 obliga al gobierno a cesar las investigaciones y los procesos, y a anular las condenas contra funcionarios gubernamentales que sirvieron durante el gobierno del expresidente Manuel Zelaya entre 2006 y 2009. Esto prohíbe a cualquier unidad o comisión anticorrupción investigar ciertos casos y, según algunos, debilitaría la autoridad investigadora de una eventual CICIH a menos que se derogue. En febrero de 2023, de conformidad con las normas constitucionales, el Congreso Nacional de Honduras eligió a 15 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por otra parte, el presidente del Congreso utilizó argumentos poco convencionales y maniobras procesales controvertidas para nombrar a un fiscal general interino y a un fiscal general adjunto en noviembre de 2023. Diversos actores hondureños argumentan que el gobernante Partido Libre y sus aliados en el Congreso Nacional están poniendo en peligro el Estado de derecho y las normas democráticas. El gobierno está utilizando…
Según el informe sobre las estrategias internacionales de fiscalización de estupefacientes 2024 publicado por el Departamento de estado Honduras es frágil en el combate al lavado de activos
