El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) remitió al Ministerio Público un primer informe con hallazgos de posibles irregularidades en procesos de embargo ejecutados contra recursos del Estado, informó el magistrado Ricardo Montes.
Montes explicó que durante las investigaciones se identificaron indicios que podrían generar responsabilidades administrativas, civiles y penales, debido al manejo de fondos públicos involucrados en estas acciones judiciales.
El magistrado señaló que los embargos analizados están relacionados con procesos promovidos por particulares ante los juzgados, pero recordó que el cumplimiento de la ley aplica tanto para funcionarios públicos como para actores privados.
Asimismo, indicó que la investigación presenta un avance del 90 % y que, conforme se obtenga nueva información sobre embargos aplicados a la Cuenta Única del Estado, el TSC continuará actuando conforme a las disposiciones presupuestarias y la normativa vigente.
Montes detalló que el organismo fiscalizador emitirá las resoluciones correspondientes en los casos donde se determinen responsabilidades administrativas y civiles, mientras que los posibles delitos serán investigados por el Ministerio Público.
Por su parte, el procurador general de la República, Dagoberto Aspra, explicó que la Procuraduría no tiene bajo su responsabilidad la totalidad de las demandas contra el Estado, sino principalmente aquellas de mayor cuantía o con un impacto significativo en las finanzas públicas.
Aspra señaló que muchas demandas son atendidas directamente por las unidades de asesoría legal de las instituciones involucradas, mientras que la Procuraduría realiza labores de supervisión y auditoría sobre estos procesos.
