El jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, exigió que las autoridades hondureñas apliquen de manera rigurosa las leyes aprobadas por el Congreso Nacional para endurecer las penas contra los integrantes de maras y pandillas. El diputado advirtió que las reformas legales pierden efectividad si los fiscales, jueces y demás instituciones responsables no cumplen con su aplicación.
El parlamentario por Olancho sostuvo que el propósito de las modificaciones penales es garantizar que los miembros de estructuras criminales sean procesados conforme a las disposiciones vigentes, incluidas aquellas que los clasifican como terroristas. En ese contexto, cuestionó si las autoridades penitenciarias están haciendo cumplir las restricciones establecidas para los reclusos, entre ellas las relacionadas con el tiempo para recibir sol y realizar actividad física.
Cálix afirmó que las cárceles deben impedir que las personas privadas de libertad continúen dirigiendo o desarrollando actividades delictivas desde los centros penitenciarios. A su criterio, el cumplimiento de las medidas de seguridad y control resulta fundamental para que las sanciones impuestas por los tribunales tengan los efectos previstos por la legislación.
“De nada sirve la ley, puede ser perfecta, pero si el fiscal no la aplica, no estamos en nada; la ley puede ser perfecta, el fiscal puede aplicarla, pero si el juez no, en nada estamos”, expresó el congresista al referirse a la necesidad de fortalecer la administración de justicia.
El jefe de bancada liberal también planteó la necesidad de una depuración del sistema judicial y de una mayor coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad, la investigación criminal y la impartición de justicia.
En ese sentido, mencionó la participación del Poder Ejecutivo, a través de las secretarías de Seguridad y Defensa; del Ministerio Público, mediante sus fiscalías, y de la Corte Suprema de Justicia, por medio de los juzgados a nivel nacional. Asimismo, consideró que el Congreso debe dar seguimiento a las leyes aprobadas y exigir que las instituciones responsables garanticen su cumplimiento.
Cálix plantea segunda vuelta electoral y reformas constitucionales
En relación con las reformas electorales, el diputado informó que la bancada liberal mantiene conversaciones internas para definir su posición sobre los cambios que podrían impulsarse. No obstante, a título personal, manifestó que una de las principales modificaciones debería ser la incorporación de la segunda vuelta electoral mediante una reforma a la Constitución de la República.
Cálix expresó que espera que esta propuesta sea discutida en el Congreso Nacional, al considerar que los cambios al sistema electoral deben abordar aspectos fundamentales de la normativa constitucional.
El parlamentario comparó los procesos electorales de 2021 y 2025. Sobre los primeros, afirmó que fueron los más transparentes y concurridos de la historia del país, mientras que señaló que los comicios de 2025 estuvieron rodeados de cuestionamientos.
Según su interpretación, las diferencias entre ambos procesos evidencian que las dificultades no dependen únicamente de las normas electorales, sino también de quienes tienen la responsabilidad de aplicarlas. En ese contexto, cuestionó el desempeño del consejero electoral Marlon Ochoa.
Pide investigar posibles delitos de funcionarios
Finalmente, al referirse a las posibles consecuencias derivadas de los procesos de juicio político contra funcionarios vinculados al sistema de justicia y al ámbito electoral, Cálix señaló que corresponde al Ministerio Público determinar si existen elementos para investigar y establecer responsabilidades penales.
El diputado mencionó los casos de Mario Morazán, Marlon Ochoa y otros funcionarios suplentes, al indicar que, según su interpretación de los informes relacionados con sus destituciones, existen señalamientos que deberían ser evaluados por las autoridades fiscales.
Cálix insistió en que cualquier actuación debe desarrollarse conforme a los procedimientos legales y que las responsabilidades penales deben determinarse mediante las instancias competentes.
“Si han cometido un delito, tienen que pagar”, concluyó el congresista, al reiterar su postura de que las leyes deben aplicarse sin distinciones y que las instituciones responsables deben actuar ante posibles infracciones.
