El abogado Aldo Santos advirtió que el Poder Judicial podría ordenar la captura del exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general en retiro Roosevelt Hernández, si no justifica legalmente su incomparecencia a la audiencia relacionada con la acusación por delitos contra la libertad de prensa y periodistas.
Santos explicó que, si una persona es citada legalmente por un juez y no comparece, ni acredita que un recurso extraordinario, como un amparo, haya sido admitido con efectos que suspendan la diligencia, el juez tiene la facultad de abrir la audiencia y escuchar al Ministerio Público sobre la ausencia del imputado.
En ese escenario, la Fiscalía podría solicitar el libramiento de una orden de aprehensión o captura, medida que deberá ser valorada por el juez después de escuchar también los argumentos de la defensa.
El profesional del derecho señaló que una orden de captura constituye una medida cautelar restrictiva de la libertad personal contemplada en la legislación procesal y que su aplicación dependerá de la valoración que realice el juez sobre las circunstancias de la incomparecencia.
Santos enfatizó que tanto los abogados como los imputados están obligados a acatar las citaciones emitidas por los jueces, al considerar que se trata de instrucciones provenientes de una autoridad judicial que deben ser respetadas.
No obstante, indicó que la defensa todavía puede acreditar la existencia y alcance de un eventual recurso de amparo. En ese caso, deberá determinarse si el recurso fue admitido y si contempla la suspensión del acto reclamado.
El abogado también explicó que otro aspecto que deberá analizarse es la naturaleza de la acusación contra Hernández y si corresponde que el proceso continúe mediante acción penal pública, impulsada por el Ministerio Público, o si los hechos denunciados corresponden a delitos de acción privada que deben tramitarse mediante querella.
Según Santos, esta última posibilidad modificaría el curso del proceso, ya que la causa pasaría a ser conocida mediante el procedimiento de querella ante el tribunal competente.
La decisión sobre estos aspectos, agregó, corresponde a la Corte de Apelaciones, que deberá determinar si el Ministerio Público actuó conforme a derecho al presentar el requerimiento fiscal o si la defensa tiene razón al cuestionar la vía utilizada.
Mientras tanto, el juez que conoce la causa mantiene la facultad de decidir sobre la comparecencia de Hernández, tomando en cuenta los argumentos de la defensa, la posición del Ministerio Público y el contenido de los recursos presentados.
