El exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general en condición de retiro Roosevelt Hernández, comparece ante la justicia hondureña por acusaciones relacionadas con presuntas violaciones a la libertad de expresión y ataques contra periodistas durante el período en que estuvo al frente de la institución castrense.
“Vengo a someterme a la justicia, creo en la justicia”, manifestó Hernández durante su primera comparecencia, en la que llegó acompañado por una amplia custodia estatal, pero sin el respaldo político que tuvo durante su gestión al frente de las Fuerzas Armadas.
El Ministerio Público acusa al general retirado por los delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de derechos fundamentales, en perjuicio de periodistas y del ejercicio de la libertad de expresión.
La acusación fue promovida por los periodistas Rodrigo Wong Arévalo, director y propietario de Canal 10; Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces; Adán López, reportero de esa misma emisora; y Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras.
El origen del proceso está relacionado con una serie de publicaciones difundidas durante 2025 desde medios oficiales de las Fuerzas Armadas, en las que periodistas y medios de comunicación fueron señalados por sus cuestionamientos al papel de la institución castrense durante el proceso electoral primario del 9 de marzo de 2026.
Uno de los principales elementos de la acusación es la publicación de una portada con el titular “Sicarios de la Verdad”, expresión que los periodistas consideraron agraviante y que, según los argumentos presentados ante las autoridades, los vinculaba públicamente con actividades criminales sin que existiera un proceso judicial que sustentara esas afirmaciones.
A esto se sumaron otras publicaciones en las que se acusó a determinados medios de comunicación de contribuir, consciente o inconscientemente, a campañas destinadas a deteriorar la imagen de las Fuerzas Armadas y se insinuaron posibles vínculos con sectores del crimen organizado.
El Ministerio Público considera que, por haber sido emitidos desde una institución estatal y bajo la autoridad de quien entonces dirigía las Fuerzas Armadas, estos señalamientos tuvieron un impacto mayor sobre los periodistas afectados y sobre el ejercicio de la libertad de expresión.
La Fiscalía también ha incorporado como referencia el Plan de Acción de Rabat de Naciones Unidas, instrumento que establece criterios para determinar cuándo determinadas expresiones pueden constituir discursos de odio y cuándo las restricciones a la libertad de expresión pueden estar justificadas.
La defensa de Hernández busca revertir las acciones iniciadas por el Ministerio Público y ha presentado recursos para cuestionar el proceso. La próxima audiencia está programada para este martes 1 de septiembre.
En su primera comparecencia, un tribunal dictó detención judicial contra Hernández, pero le impuso medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Entre ellas se encuentran la prohibición de salir del país, la obligación de firmar periódicamente un registro en Tegucigalpa y la prohibición de acercarse o comunicarse con los periodistas considerados víctimas en el proceso.
El caso marca un precedente en Honduras, debido a que Hernández se convierte en uno de los primeros altos mandos militares en enfrentar un proceso judicial por hechos vinculados directamente con presuntas vulneraciones a la libertad de expresión.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos han dado seguimiento al proceso y han denunciado los obstáculos que, según señalan, se presentaron para que el caso llegara a los tribunales.
El proceso también ha generado un amplio debate sobre los límites que deben observar los funcionarios públicos y las instituciones armadas frente a la crítica periodística, especialmente cuando las declaraciones o publicaciones se realizan utilizando estructuras y recursos del Estado.
Mientras la defensa intenta frenar o anular las acciones judiciales, el Ministerio Público sostiene que los hechos deben ser analizados bajo los estándares nacionales e internacionales de protección de la libertad de expresión, el derecho al honor y la integridad de los periodistas.
